Juan Almeda* se despierta cada mañana en una villa del suroeste de Buenos Aires antes de que la ciudad termine de desperezarse. Son las seis, y le espera un largo trayecto – un ómnibus, dos subtes – para llegar a su trabajo, un lugar que lo ayudó a aliviar la carga de un diagnóstico que suele ser sinónimo de exclusión.
Hasta hace dos años, cuando cruzó la puerta del bodegón La Pascana en busca de empleo, la vida de Almeda, de 35 años y padre de un niño de nueve, era inestable. Trabajaba esporádicamente como demoledor en obras de construcción, pero no contaba con el acompañamiento que necesitaba como usuario de los servicios de salud mental para sostener una rutina, garantizar un ingreso y poner comida en la mesa.
Hoy, poco antes de que el reloj marque las nueve, Almeda se ata el delantal blanco en la espalda, se ajusta la bandana bordó en la cabeza y se pone a preparar nueve kilos de masa para pizza, empanadas y pan. Empezó lavando los platos. Ahora estudia para ser maestro pizzero. Quiere coordinar el equipo de trabajo del bodegón.
"Llegué sin saber, sin nada, pero fui aprendiendo como mis compañeros; me fueron enseñando", dice Almeda a democraciaAbierta. "Fue un gran cambio, un gran paso. No sabía que existía esa posibilidad".
Lo que cambió su historia fue una red que crearon terapeutas ocupacionales de la Asociación Civil Acción Colectiva Salud Mental e Integración Social Urbana – que acompañan a Almeda y a otros cuatro trabajadores del bodegón – más vecinas y comercios locales, como La Pascana, estudiantes de salud y profesionales de servicios públicos.
Todas estas personas buscan poner en práctica lo que la aclamada Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental prometió en 2010 y que, 16 años después, es más una aspiración que una realidad.
Este estancamiento ocurre en un contexto crítico: mientras los suicidios aumentan y el bienestar psíquico de la población se deteriora, el gobierno propone reformar la ley para “superar las dificultades en la implementación”, no para dotar al sistema estatal de los recursos que necesita para cumplirla.
La ley y el manicomio que no cerró
Basada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la ley 26.657 propuso sustituir el modelo manicomial por un enfoque comunitario en el que la internación fuera el último recurso y la vida en comunidad el principio rector.
Con ese horizonte, la norma fijó el cierre de los hospitales neuropsiquiátricos para 2020, ordenó atender a las personas usuarias en hospitales generales y construir alternativas territoriales – casas de convivencia, centros de día, talleres, emprendimientos sociales – para que pudieran alcanzar la mayor autonomía posible.
Para financiar ese proceso, la ley asignó al menos el 10% del presupuesto total de salud al área de salud mental. Sin embargo, ningún gobierno de los últimos 15 años se aproximó siquiera a ese porcentaje: el máximo histórico fue de 2,66% en 2023. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gasto previsto para 2026 cae a apenas 1,42%.
"Los manicomios están perfectamente abiertos. Las guardias están repletas", dijo a democraciaAbierta Celeste Romero, terapeuta ocupacional y presidenta de la Asociación Civil. “Lo que aprendimos de los procesos de desmanicomialización en Italia y en Brasil [dos países que pasaron a ser referencia en salud mental comunitaria] es que si no se cierran las camas, cada vez que una persona se va, la cama se vuelve a ocupar. Y rápidamente”.
Las estadísticas indican que los cuatro hospitales psiquiátricos de la ciudad de Buenos Aires – con 3,1 millones de habitantes – concentran el 94,4% de las internaciones en 1.290 camas, muchas de ellas en condiciones que vulneran los derechos humanos.
El panorama se agrava por la falta de servicios de transición y el deterioro de los existentes. Eduardo Quiroga, abogado del programa de Derechos de las Personas con Discapacidad de ACIJ, explica a democraciaAbierta que mientras las internaciones aumentan, se desfinancia el programa para promover la inserción comunitaria y laboral de quienes tienen el alta médica. En consecuencia, las personas terminan viviendo largos períodos en residencias pensadas para dos años, porque lo que debería venir después “no existe”.
“Los profesionales se quedan con pocas herramientas. Pueden firmar un alta, pero ¿a dónde va esa persona? Va a la calle. Y la situación de calle se aborda desde una mirada que es diferente a la de salud”, dice Quiroga.
“Ha habido casos donde la persona termina involucrada en un episodio [delictivo] y se lo aborda desde la criminalidad, generando un circuito de reinternaciones porque no se atiende ningún determinante de su salud mental, ya sea la situación familiar, laboral, educativa, de vivienda. Si no existen respuestas, es muy difícil que cambie el sistema”, agrega.
Mientras Almeda se capacita como maestro pizzero gracias a las oportunidades de una red comunitaria que ejemplifica cómo debería funcionar la atención en salud mental, el gobierno de Javier Milei anunció el envío al senado de un proyecto para modificar la norma, bajo el argumento de adaptarla a la “realidad asistencial del país”.
Entre los cambios centrales, se redefine el criterio de las internaciones involuntarias; los hospitales generales quedarían habilitados solo para casos leves, y las camas en los neuropsiquiátricos se reservan para cuadros graves. En otras palabras, el proyecto abandona definitivamente del objetivo de cerrar los manicomios.
Para quienes trabajan en pos de la inclusión social de las personas con diagnósticos en salud mental, la reforma apunta en sentido contrario a lo que la ley prometía, la inclusión social.
Ante ese vacío, solo existe la respuesta artesanal.
El tejido que sostiene
La Asociación Civil se fundó en 2018 sobre una idea simple y transformadora: que las personas en desventaja social – en riesgo de exclusión, marginación o limitación en sus derechos debido a la pobreza, la falta de oportunidades, discriminación o vulnerabilidad – puedan vivir en comunidad con los apoyos necesarios, para lograr la mayor autonomía posible.
La organización acompaña a usuarios de los servicios de salud mental en proyectos laborales y educativos, como el de Almeda, y también en la vida cotidiana, desde hacer trámites, organizar las comidas y tomar la medicación hasta atravesar una crisis.
Parte de esa tarea se hace en la Tienda Social Lo de Franco, en el barrio de Villa Crespo, donde se venden artesanías y productos de 60 emprendedores en situación de desventaja social de todo el país, que reciben el 90% de las ganancias de las ventas.
Detrás de cada objeto hay un equipo que sostiene la producción y los procesos de vinculación social, aprendizaje y autonomía de los emprendedores: una cooperativa de pelotas cosidas en el penal de Trenque Lauquen (provincia de Buenos Aires); floreros de vidrio hechos por mujeres en un centro de salud de la ciudad; cucharas y peines tallados en madera por un hombre que estuvo siete años internado en un neuropsiquiátrico y que hoy tiene un puesto en una feria; bolsas elaboradas con los prospectos de los medicamentos que consumen mujeres internadas.
“Hay una cuota de profesionalizar, mejorar la calidad, que los procesos sean más sistemáticos, que no sea una actividad artesanal, sino que se convierta realmente en un emprendimiento”, explica a democraciaAbierta la terapeuta ocupacional Marisol Zerda Pazo, del equipo de la Asociación Civil.
Federico Sanz*, jubilado de 65 años, trabaja a diario en la tienda. Sentado en una silla de plástico blanca después de sacar los yuyos que crecen alrededor del árbol de la vereda, describe su rol con economía: "Hago de todo un poco. La semana pasada armé cajas”. Detrás de esa frase hay algo más difícil de resumir: la posibilidad de construir una rutina y un lugar en el mundo fuera de la lógica hospitalaria.
Javiera Pérez*, de 27 años, también presente en ese momento en la tienda, habla bastante más. Cuenta que el año pasado quiso aprender costura, la Asociación Civil la ayudó a inscribirse en un curso nocturno y ahora está aprendiendo a tomar el subte sola, a manejar dinero, a moverse con más autonomía.
"La tienda le permite a los usuarios conocer la comunidad, vincularse, tener un trabajo, incluirse", dice Sophia Iojes, estudiante de terapia ocupacional en la Universidad Abierta Interamericana, que realiza su práctica de grado en la tienda. "Los abre a cosas que los hacen conectar con otras personas: cómo viajar en subte, cómo vender los productos, cómo comunicarse, cómo recibir a alguien y explicarle qué hacés".
Loana Legnazzi, estudiante de la Universidad de San Martín que también hace su práctica allí, dice: “Es una experiencia diferente a lo que venimos acostumbrados. En el hospital sos más que nada una patología; quedás encerrado en que sos una persona con diagnóstico, ponele esquizofrenia. Acá no. Acá se trata de buscar la oportunidad de salir adelante”.
La terapeuta Zerda Pazo explica que se parte de tareas sencillas para ir incrementando los desafíos a medida que la persona avanza. “El objetivo final no es solo terapéutico, sino también ocupacional. Es que puedan reconstruir su vida cotidiana en espacios que no son institucionales”.
Acciones aparentemente simples – aprender a viajar en transporte público, interactuar con clientes, manejar dinero – adquieren un valor estructural. Son, en términos de la ley, dispositivos de apoyo para la inclusión. En la práctica, implican horas de trabajo comunitario no remunerado ni reconocido por el estado.
Las alianzas
La Asociación Civil también teje alianzas para paliar la falta de recursos. Se hacen visibles caminando por Villa Crespo junto a Romero. A una cuadra y media de la tienda está Área Fútbol, un local que vende, entre otros artículos del deporte, las pelotas elaboradas por los presos de Trenque Lauquen. Unas cuadras más al sur, una almacén y verdulería que atienden mujeres que sufrieron violencia doméstica y trabajadores que tuvieron padecimientos de salud mental, se abastece con productos de pequeños productores del interior del país con dificultades económicas.
La Pascana, un kilómetro más al suroeste, es otra de esas alianzas. Sus dueños desaparecieron de un día para otro en 2012, dejando a los empleados con las persianas bajas, sin pago y sin aviso. En lugar de dispersarse, decidieron quedarse. Tomaron el lugar, lo pusieron a funcionar y fundaron una cooperativa. Desde entonces, el bodegón emplea a personas en desventaja social, como Almeda.
Otras alianzas se construyeron dentro del sistema público. Adriana Pérez, terapeuta ocupacional de la residencia Warnes – una de las cinco del gobierno de la ciudad –, trabaja con personas que salieron de internaciones hospitalarias y no tienen dónde vivir.
"Lo que se trabaja tiene que ver con la inserción en la comunidad", explica Pérez, quien también conduce Tierra y Salud, una actividad que combina producción agrícola con inclusión. "Un taller de huerta dentro de un hospital puede ser interesante”, dijo. “Pero yo lo encaré como un emprendimiento con participación comunitaria, los sábados vienen muchos voluntarios a trabajar la tierra; nosotros vamos a vender a ferias".
El problema es siempre el mismo, dice la psicóloga de la residencia Warnes, Valeria Minian. "Te dan los espacios, pero no te dan los recursos. Armamos redes artesanales con contactos propios, poniendo un plus nuestro para que las cosas salgan".
La psiquiatra que dirige la residencia, Isabel Pérez, expone un detalle elocuente: "El Hospital [de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de] Alvear, que está acá al lado y del que yo formé parte 20 años, no sabe que esto existe todavía. Los emprendimientos figuran en la ley de salud mental, en el artículo 11. Pero no tienen caja".
Entre la ley y la realidad, el modelo comunitario en la ciudad de Buenos Aires sobrevive en los intersticios donde el Estado no llega, gracias a personas que, sin financiamiento ni reconocimiento, decidieron de todas formas quedarse.
*Algunos nombres fueron cambiados para preservar la privacidad
