Cuatro semanas después de renunciar a la dirección del programa de IA del gobierno británico, una alta funcionaria estaba de vuelta en su antiguo departamento. Pero esta vez no cobra el sueldo del Estado: sus empleadores son dos empresas que la contrataron y la enviaron a trabajar “en comisión” en el gobierno, aprovechando una laguna legal que les permite definir desde adentro la política para regularlas.
El Tony Blair Institute (TBI), la consultora del ex primer ministro laborista Tony Blair (1997-2007) que se dedica a asesorar gobiernos en diversas áreas – especialmente tecnología –, y el Ellison Institute of Technology, del multimillonario dueño de Oracle Larry Ellison contrataron a la alta funcionaria para dirigir su proyecto de IA para el gobierno, y la cedieron en "comisión de servicios" al Departamento de Ciencia, Información y Tecnología (DSIT).
El DSIT está encargado de establecer las normas que regulan la IA en la economía en general y de su implementación en toda la administración pública.
En un caso paralelo, otro empleado del TBI anunció en LinkedIn que había desempeñado un papel clave en la redacción del principal Plan de Acción de Oportunidades de IA del gobierno, una ambiciosa hoja de ruta en política de IA, durante una comisión de servicios de 11 meses en el DSIT.
En América del Sur, el nombre de Tony Blair puede sonar familiar. En octubre pasado estuvo de viaje por la región y se reunió con los presidentes Yamandú Orsi, de Uruguay, y Santiago Peña, de Paraguay. Blair y Orsi firmaron un acuerdo de cooperación en IA y políticas públicas.
Más atrás en su historia política, Blair llegó al gobierno británico enarbolando las ideas de la “tercera vía”, una suerte de socialdemocracia tardía que venía a restaurar el daño causado por la austeridad neoliberal de casi 20 años de gobiernos conservadores. Pero terminó siendo recordado por su adhesión a la guerra de Estados Unidos contra Irak, que empezó en 2003.
En los últimos tiempos volvió a las portadas de la prensa porque su TBI participó en los proyectos para convertir la devastada franja de Gaza en un negocio inmobiliario y turístico impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluía la creación de la ‘Riviera de Trump’. El propio Blair pasó a integrar el órgano ejecutivo de la Junta de la Paz, creada por Trump para ejecutar sus planes de reconstrucción de Gaza, pese a las críticas y objeciones de países árabes, que no olvidan su pasado.
En su país, mientras tanto, otras compañías enviaron personal a trabajar “en comisión” en el DSIT, según reveló openDemocracy: la empresa tecnológica Faculty, que tiene vínculos con el TBI; las empresas de armamento Thales y Qinetiq; la consultora Capgemini y el gigante farmacéutico AstraZeneca.
Estos casos exponen una laguna legal en las normas destinadas a impedir que ex funcionarios públicos utilicen sus contactos para hacer lobby a favor de sus nuevos empleadores ante sus antiguos colegas.
También evidencian la necesidad de un registro público de las empresas que obtienen acceso e influencia mediante estos pases en comisión, y de las políticas que promueven a los empleados con un pie en ambas veredas, ya que el gobierno no está obligado a declararlas.
“Cuando personas con vínculos estrechos con intereses comerciales particulares se insertan en el corazón de la formulación de políticas, aparecen riesgos reales de conflictos de interés. Esto permite que las grandes tecnológicas capturen y ayuden a fijar las mismas normas que deberían regularlas”, dijo a openDemocracy Kamila Kingstone, de la organización anti-corrupción Spotlight on Corruption.
“Como mínimo, el gobierno debería publicar todos los años una lista de quién fue incorporado mediante comisiones de servicio, sus conflictos de interés y las medidas aplicadas para eliminar este riesgo. En un momento en que la confianza pública en la política está por el suelo, el gobierno debería esforzarse al máximo para ser transparente”.
La vicepresidenta del Partido Verde, Rachel Millward, dijo: “El Partido Laborista del primer ministro Keir Starmer no tiene valores ni visión, así que terceriza la elaboración de políticas hacia intereses corporativos. Empresas poco éticas canalizan dinero sucio a través de centros de pensamiento y agencias para definir las políticas del gobierno a favor de las grandes tecnológicas”.
“Una transición fluida”
La doctora Laura Gilbert dejó su puesto como directora del programa Incubadora de Inteligencia Artificial del gobierno británico en diciembre de 2024, poniendo fin a una carrera de cuatro años en el núcleo del gobierno. Menos de cuatro semanas después, estaba de regreso.
Esta vez, Gilbert no estaba en la nómina del servicio civil, sino que trabajaba para el TBI y el Ellison Institute of Technology.
La comisión de servicio de Gilbert da cuenta de un vacío en las normas sobre nombramientos en el sector privado. Los altos funcionarios que dejan el gobierno para trabajar en el sector privado no deben “participar personalmente en actividades de lobby ante el gobierno del Reino Unido en nombre de su nuevo empleador y/o sus clientes” durante dos años, dicen las normas.
Pero no existe ninguna regla que impida que los nuevos empleadores de ex altos cargos los envíen a trabajar en comisión en el gobierno, donde pueden influir directamente en las políticas.
Gilbert dijo a openDemocracy que regresó “para apoyar una transición fluida de mi dedicado y talentoso equipo técnico de IA al DSIT… trabajando con mi sustituto (interino) para hacer el traspaso durante un breve período mediante una comisión de servicio desde el Instituto Ellison”.
El TBI afirmó que Gilbert había “aceptado ayudar a supervisar la transferencia de su equipo al DSIT”, mientras que el Instituto Ellison no respondió a nuestra solicitud de comentarios.
Tras cuatro meses, Gilbert abandonó nuevamente el DSIT para asumir su puesto actual como responsable de IA en el TBI.
No obstante, openDemocracy halló que su comisión de servicio forma parte de un patrón más amplio de empresas tecnológicas que envían personal para definir la política tecnológica laborista, una tendencia que empezó incluso antes de que los laboristas llegaran al gobierno.
En 2023, el TBI pagó el viaje del secretario de tecnología del Partido Laborista, Peter Kyle, a Bruselas para asistir a su programa sobre política científica y tecnológica.
Al año siguiente, Kyle visitó Estados Unidos en un viaje financiado por Lord Sainsbury, donante del Partido Laborista, y la consultora Hakluyt & Company, que tiene intereses en IA a través de un fondo de inversión. Allí, Kyle se reunió con gigantes tecnológicos, incluida Oracle, la empresa de Ellison.
Kyle también se benefició de que empresas tecnológicas le cedieran personal. Durante la campaña electoral de 2024, Faculty, empresa que ofrece software y consultoría en IA, envió a un empleado para apoyar su trabajo.
Si bien el Partido Laborista declaró que este empleado estuvo en la oficina de Kyle un día a la semana durante dos meses, valoró el acuerdo – una donación en especie – de 36.000 libras esterlinas (unos 48.000 dólares). Tomando como referencia una jornada laboral estándar de siete u ocho horas, esto sugiere que su salario por hora rondaba las 600 libras (unos 800 dólares).
La consultora tecnológica Public Digital también cedió a un miembro senior de su personal para trabajar con Kyle antes de las elecciones. La empleada en cuestión, Emily Middleton, fue posteriormente incorporada al DSIT como alta funcionaria con un salario de entre 125.000 y 208.000 libras anuales (entre 167.000 y 278.000 dólares) tras el nombramiento de Kyle al frente del departamento. Middleton ya había sido destinada a Labour Together, una plataforma que contribuyó a que Keir Starmer fuera elegido líder del Partido Laborista.
En octubre de 2024, Faculty envió a un empleado de nivel medio al DSIT de Kyle en una comisión de servicio de cuatro meses. No está claro si se trataba de la misma persona que había sido destinada previamente a su oficina ese mismo año.
Faculty ha ampliado su negocio con el gobierno desde que el Partido Laborista asumió el poder en julio de 2024, incluyendo la obtención de sus dos mayores contratos públicos hasta la fecha: un acuerdo de seis millones de libras (ocho millones de dólares) con el Departamento de Educación y otro de 4,5 millones de libras con el Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local.
El gobierno se negó a responder a las preguntas de openDemocracy sobre la naturaleza del trabajo del empleado de Faculty, mientras que la empresa no respondió a nuestra solicitud de comentarios.
Al mes siguiente, en noviembre de 2024, el TBI financió la incorporación de su asesor principal de políticas, Tom Westgarth, al DSIT.
Westgarth permaneció en el departamento durante 11 meses, y su perfil de LinkedIn sugiere que tuvo una influencia significativa en la política pública de IA. En él se indica que asesoró al gobierno “sobre la implementación del Plan de Acción [de Oportunidades] de IA” y proporcionó “orientación estratégica en una serie de prioridades del Plan de Acción de IA”.
“Los laboristas están haciendo todo lo posible para atraer a las grandes tecnológicas depredadoras, en los términos de las propias empresas”, afirmó Jim Killock, director ejecutivo de Open Rights Group.
“Han debilitado la regulación de la competencia, han modificado la protección de datos para favorecer las necesidades empresariales sobre los datos personales, y han prometido a las grandes tecnológicas toda la ayuda que necesitan para afianzarse en todos los niveles del gobierno.
“Añadir altos funcionarios que saben cómo servir a los intereses de las grandes tecnológicas es solo una señal más de que el Reino Unido está siendo saqueado y encadenado a un futuro de extracción permanente de rentas por parte de las grandes tecnológicas. Existe una alternativa: una estrategia de soberanía digital que priorice el código abierto del Reino Unido. No la obtendremos pidiendo al personal del TBI y del Instituto Ellison que ayuden a redactar la política tecnológica del Reino Unido”.
Un portavoz del gobierno declaró: “No pedimos disculpas por incorporar experiencia de vanguardia del ámbito académico y la industria del Reino Unido en el corazón del gobierno. Estamos decididos a impulsar el progreso en políticas que apoyen algunas de las investigaciones y tecnologías más importantes del futuro, recurriendo a la riqueza de la experiencia científica y tecnológica de Gran Bretaña, y nuestros programas de comisiones de servicio son una parte clave de ello.
“Este gobierno es un defensor de nuestros sectores de ciencia y tecnología en su conjunto, no de empresas individuales. Las normas habituales de integridad y ética se aplican a todos nuestros empleados en comisión de servicio”.
El Tony Blair Institute declaró: “La comisión de servicio de Tom Westgarth es de conocimiento público; él mismo la anunció en su momento”.
