Las empresas de inteligencia artificial enfrentan un tsunami de demandas por el uso no autorizado de materiales protegidos por derechos de autor para entrenar sus modelos.
Autores, artistas y editoriales en Estados Unidos, Francia, Australia, Canadá e India fueron por el camino de las acciones legales, en un ajuste de cuentas global en torno a los derechos de propiedad intelectual en la era de la IA.
The New York Times demandó a Perplexity AI, la empresa emergente de inteligencia artificial que desarrolló un motor de búsqueda de vanguardia, y a OpenAI por entrenar sus modelos con contenido del NYT sin autorización.
La acción legal más grande hasta ahora la encabezó una coalición de autores que demandaron a Anthropic por utilizar cerca de 200.000 libros protegidos por derechos de autor para entrenar modelos de lenguaje a gran escala, sin consentimiento ni compensación. El juicio derivó en un acuerdo de 1.500 millones de dólares.
En los documentos del juicio se expuso que una parte significativa de los datos de entrenamiento utilizados por Anthropic – así como por Meta y Bloomberg – provenía de bases de datos de libros pirateados como Books3 y LibGen, lo que evidencia hasta qué punto el contenido no autorizado ha sido incorporado al desarrollo de sistemas avanzados de IA.
Entre los autores cuyas obras de ficción y no ficción fueron utilizadas sin consentimiento se encuentran escritores africanos reconocidos, como el novelista sudafricano Zakes Mda, el premio Nobel nigeriano Wole Soyinka; el influyente Chinua Achebe, la autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie; la escritora marroquí-estadounidense Laila Lalami, y la figura literaria ghanesa Ama Ata Aidoo, entre otros.
Algunos de estos autores, cuyos derechos eran gestionados por editoriales en Estados Unidos, Reino Unido y Francia, podrían recibir compensación como parte del acuerdo de 1.500 millones de dólares alcanzado por Anthropic.
Sin embargo, existe un notable silencio de los organismos africanos reguladores de los derechos de autor, y de los medios de comunicación respecto del uso no autorizado de obras de autores africanos publicadas por editoriales radicadas en África, muchas de las cuales fueron recopiladas y utilizadas para entrenar modelos avanzados de IA sin permiso.
Aunque obras de escritores africanos jóvenes y emergentes, como Damilare Kuku y Billy Kahora, aparecieron en las bases de datos pirateadas, no calificaron para recibir compensación – aproximadamente 3.000 dólares por obra – porque no estaban registradas en la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, requisito exigido por la legislación estadounidense para obras extranjeras de países que tienen tratados firmados con EEUU sobre estos temas.
Este desafío plantea interrogantes cruciales sobre el estado actual de las leyes de derechos de autor en África y en Estados Unidos y su capacidad para proteger a los creadores locales y extranjeros frente al robo y la explotación de propiedad intelectual en la era de la IA.
Actualmente, las leyes de derechos de autor en países como Nigeria y Sudáfrica no contemplan la posibilidad de demandar en tribunales locales por infracciones ocurridas en el extranjero, debido a limitaciones territoriales.
La participación de África en los ingresos por derechos de autor o regalías es inferior al 1%, la más baja del mundo. La distribución no autorizada y la infracción de derechos en música, cine, libros y software representan hasta un 40% de pérdidas de ingresos solo para Nollywood (la industria cinematográfica de Nigeria), lo que explica por qué los cineastas nigerianos reciben apenas una fracción de los ingresos totales generados por sus películas.
Las protecciones legales débiles, obsoletas o difíciles de aplicar para contenidos creativos producidos y distribuidos en plataformas digitales no pueden frenar la piratería ni la falsificación en la industria creativa nigeriana.
Si bien las plataformas digitales impulsadas por IA han permitido a intérpretes, artistas y músicos alcanzar audiencias más amplias, expandirse a nuevos mercados y aumentar sus ingresos, la IA también representa un arma de doble filo, ya que los expone a un mayor riesgo de que empresas multimillonarias utilicen su trabajo sin pagarles un centavo.
En África, la proliferación de plataformas digitales sociales y de entretenimiento, como Facebook, YouTube y Spotify, ha llevado a muchos países a modificar sus leyes de derechos de autor para proteger las obras de los creadores frente a su explotación o distribución en línea sin consentimiento.
La Ley de Derechos de Autor de Nigeria de 2022, la Ley de Derechos de Autor de Kenia de 2001 y la Ley de Derechos de Autor (Enmienda) de Ghana de 2009 fortalecen la protección de contenidos digitales y obras audiovisuales mediante sanciones más severas por infracción y la facultad de los creadores para solicitar a los proveedores de servicios de internet el bloqueo de sitios infractores.
Sin embargo, ninguna de estas leyes aborda directamente uno de los desafíos más urgentes: el uso de materiales no autorizados para entrenar modelos de IA ni el estatus legal del contenido generado por IA, lo que plantea preocupaciones sobre reproducción y obras derivadas bajo las leyes de derechos de autor.
Sudáfrica está impulsando una solución al modificar su legislación vigente para alinearse con estándares internacionales, incorporando disposiciones que priorizan el acceso, el uso justo y la protección de los derechos de los creadores frente a las empresas tecnológicas.
No obstante, la creciente influencia de las grandes tecnológicas genera inquietud por cómo una disposición de “uso justo” podría permitir que empresas de IA entrenen sus sistemas con obras de creadores sudafricanos sin autorización ni compensación, reproduciendo así los mismos riesgos de explotación que los creadores africanos han enfrentado durante años en los mercados digitales globales.
Las Big Tech en África: ¿más allá de todo cuestionamiento?
Empresas tecnológicas con una gran base de usuarios en África, como Google, Meta y OpenAI, suelen alegar que no tienen domicilio ni residencia en países africanos para argumentar que están fuera del alcance de los reguladores locales. Se presentan como promotoras de la transformación digital del continente, al tiempo que utilizan amplios recursos legales para eludir el control regulatorio.
Aunque estas empresas emplean sus recursos de lobby y defensa legal para evitar controles en la Unión Europea y Estados Unidos, sus acciones en África tienen otra dimensión.
Por ejemplo, Meta continúa enfrentando una batalla legal con moderadores de contenido en Kenia que denuncian trato injusto y bajos salarios. Mientras, en Estados Unidos, la empresa pagó 52 millones de dólares en compensación a moderadores que sufrieron daños psicológicos por exposición a contenido traumático.
La compañía amenazó con cerrar el acceso a Facebook e Instagram – dos de las principales plataformas utilizadas por microemprendedores – en Nigeria cuando la Comisión Federal de Competencia y Protección del Consumidor dee ste país le impuso una multa de 290 millones de dólares por “prácticas invasivas contra los datos personales”. Mientras tanto, Meta pagaba 1.400 millones de dólares para resolver una demanda por privacidad en Texas.
África debe revisar sus leyes de derechos de autor
Con proyecciones que indican una posible pérdida de hasta el 20% de los ingresos para los creadores en las industrias musical y audiovisual debido a contenidos generados por IA, surge una pregunta clave: ¿pueden las leyes nacionales aplicarse eficazmente contra empresas extranjeras de IA, que operan fuera de las jurisdicciones nacionales, cuando utilizan obras africanas sin autorización para reproducir canciones o generar imágenes entrenadas con material de fotógrafos locales?
Para enfrentar esta amenaza creciente, los reguladores africanos deben fortalecer los marcos existentes, incorporando disposiciones explícitas sobre obras generadas por IA, incluyendo requisitos de autoría humana, de propiedad y estándares de originalidad que protejan a los creadores frente a infracciones de empresas locales y extranjeras.
Ante el aumento de disputas legales relacionadas con la tecnología, África necesita establecer tribunales regionales especializados en tecnología, dedicados exclusivamente a casos digitales y de inteligencia artificial, similares al Guangzhou Internet Court en China.
Al mismo tiempo, las instituciones regulatorias existentes deben desarrollar capacidades para detectar y responder a violaciones de propiedad intelectual impulsadas por IA, así como mecanismos de compensación para los titulares cuyos trabajos se utilicen como base para generar contenido.
Es también urgente aumentar la concienciación dentro de las industrias creativas sobre la IA y sus implicaciones para los derechos de propiedad intelectual, incluyendo la creación de directrices de explicabilidad en la creatividad asistida por IA. Los creadores africanos deben comprender cómo los sistemas de IA pueden vulnerar sus obras, adquirir las competencias técnicas necesarias para identificar esas vulneraciones y conocer las vías legales disponibles para reclamar compensaciones.
