Es 2017 en la capital de Hungría, Budapest, y el Congreso Mundial de las Familias ha desembarcado en la ciudad.
Organizado por el activista estadounidense antiaborto y anti-LGBTIQ+ Brian Brown, el encuentro anual de nacionalistas cristianos, figuras políticas, centros de pensamiento y académicos se anota un hito: recibir al primer ministro húngaro Viktor Orbán como orador principal.
En su discurso, Orbán dice que el futuro de Europa está “bajo ataque”, y que el continente está “perdiendo en la competencia poblacional entre grandes civilizaciones”. Y agrega que la Unión Europea (UE) quiere resolver los problemas derivados del envejecimiento de la población y las bajas tasas de natalidad mediante la inmigración.
Hungría, dice al público, piensa de otra manera.
“Debemos resolver nuestros problemas demográficos confiando en nuestros propios recursos y movilizando nuestras propias reservas”, señala Orbán, mediante la “restauración de la reproducción natural” para alcanzar tasas de natalidad de “reemplazo” para una Hungría blanca y cristiana.
Este es el momento en que la teoría conspirativa del gran reemplazo se vuelve dominante. Un líder de la UE se hace eco de una creencia de extrema derecha que afirma, falsamente, que las personas blancas enfrentan un invierno demográfico debido a la inmigración, una sustitución poblacional facilitada por feministas y elites liberales que reprimen la natalidad blanca mediante el aborto y la anticoncepción.
El discurso dio inicio a la plataforma política del gran reemplazo de Orbán. En la práctica, su gobierno prohibió la entrada de solicitantes de asilo, castigó a la comunidad LGBTIQ+ e instó a las mujeres húngaras casadas a tener más hijos.
Ese mismo año, el ministro húngaro de Capacidades Humanas, Miklós Kásler, escribió: “Hasta la fecha se han practicado seis millones de abortos, causando uno de los peores desastres demográficos de la nación húngara. De no haber sido así, habría más de 20 millones de húngaros étnicos en total”.
El domingo, los húngaros dijeron basta. Tras 16 años de gobierno autoritario, Orbán y su Unión Cívica Húngara, Fidesz, perdieron el gobierno. Su excorreligionario convertido en rival político, Péter Magyar, y su partido de centroderecha Respeto y Libertad, Tisza, obtuvieron una amplia mayoría.
La derrota de Orbán no solo representa un alivio para la UE y para Ucrania – Magyar ha prometido desbloquear un paquete de ayuda de la UE a Ucrania de 90.000 millones de euros (casi 100.000 millones de dólares), al que Orbán se oponía –, sino que también supone un golpe contundente para el movimiento antigénero conspirativo que veía a Hungría como su base en Europa.
Cómo Orbán llevó el gran reemplazo al centro del debate
Orbán utilizó su alocución de 2017 en el Congreso Mundial de las Familias para anunciar su programa de protección familiar, mediante el cual las mujeres húngaras étnicas casadas recibirían beneficios por tener varios hijos. La idea evocaba inquietantes similitudes con la entrega de medallas a familias numerosas en la Alemania nazi de la década de 1930.
A diferencia de los beneficios por hijo o los créditos fiscales que se otorgan en otros países de Europa, como Reino Unido, esta política recompensaba a un grupo restringido, racializado y definido por género, excluyendo a las mujeres romaníes, a las madres solteras y a las familias diversas.
Para Katalin Kevehazi, presidenta de la Fundación JÓL-LÉT (Bienestar) con sede en Budapest y especializada en el estudio de las mujeres en el mercado laboral, “esto no es solo un programa de protección familiar [...] sino parte de una agenda de ‘construcción de una nación’”, según dijo en 2019 al medio Balkan Insight.
Este enfoque está explicado en Feminism For The 99%: A Manifesto (Manifiesto de un feminismo para el 99%). Sus autoras, Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya y Nancy Fraser, señalan que al “incentivar los nacimientos ‘correctos’, mientras se desalientan los ‘incorrectos’, [los gobiernos] diseñan políticas educativas y familiares para producir no solo ‘personas’, sino ‘alemanes’, ‘italianos’ o ‘estadounidenses’”. O, en este caso, húngaros.
Para 2022, Hungría había aprobado nuevas restricciones al aborto, que exigían a las mujeres escuchar el latido fetal antes de solicitar una interrupción del embarazo.
Fue este programa de protección familiar el que consolidó la posición de Orbán como referente del movimiento mundial antigénero – aquel que se opone a reconocer la desigualdad determinada por los roles de género asignados a hombres y mujeres y se niega a la igualdad de derechos para las mujeres y para las personas queer y de género diverso.
Esta política de Orbán contenía otro elemento caro a la extrema derecha mundial: el odio a los inmigrantes.
En el Reino Unido, por ejemplo, el comentarista conservador Tim Montgomerie que luego se unió al partido ultra Reform, calificó el programa familiar húngaro como “digno de un análisis detallado”. Mientras, en Estados Unidos, integrantes del gabinete de Trump elogiaban a Hungría por promover la “procreación, no la inmigración”.
El famoso comunicador ultra estadounidense Tucker Carlson describió a Hungría como un país con un gobierno que “realmente se preocupa por asegurar que su propia gente prospere, en lugar de prometer la riqueza nacional a inmigrantes ilegales”.
Además de premiar al matrimonio heterosexual y cristiano, el gobierno húngaro atacó a la comunidad LGBTIQ+, retratándola como una amenaza para la infancia y para la cultura húngara. En su ambición de crear una “Hungría cristiana en una Europa cristiana”, Orbán actuó para desmantelar la igualdad LGBTIQ+.
El parlamento aprobó leyes para impedir que parejas del mismo sexo adoptaran, e imitó al “león” de Orbán, Putin, prohibiendo como hizo Rusia la llamada “propaganda gay”. En mayo de 2020, el gobierno prácticamente prohibió el reconocimiento legal de género para personas transgénero e intersexuales, seguido en 2025 por una enmienda constitucional que definió que “la madre es una mujer, el padre es un hombre”. Ese mismo año, Hungría prohibió las marchas del Orgullo.
Toda esta actividad convirtió a Hungría en el núcleo de una plataforma antigénero europea y transatlántica, con centros de pensamiento como el Danube Institute y el Centre for Fundamental Rights estableciendo su base en Budapest y respaldando esfuerzos globales contra el aborto y los derechos LGBTIQ+.
Sin embargo, Orbán no siempre logró imponer su agenda.
Un referéndum en 2022 para restringir aún más la llamada “propaganda gay” fue derrotado por una “campaña basada en la esperanza” que celebraba a las personas LGBTIQ+, sus amistades y sus familias.
Y en 2024, Fidesz sufrió un golpe significativo a su popularidad cuando la presidenta Katalin Novák tuvo que dimitir tras indultar a un hombre encarcelado por obligar a niños a retractarse de denuncias de abuso sexual contra el director de un hogar infantil estatal. El escándalo expuso la hipocresía en el corazón de un partido que afirmaba que sus leyes anti-LGBTIQ+ estaban motivadas en la protección de la infancia.
El 12 de abril de 2026 Orbán tampoco logró su objetivo electoral. Sufrió una derrota decisiva, porque Magyar consiguió una mayoría de dos tercios en el parlamento en unas elecciones con una participación récord del 79,5% de los votantes.
Magyar no es un liberal ni un progresista. Grupos defensores de los derechos LGBTIQ+ han criticado su silencio sobre la equidad de género, que aún enfrenta un futuro incierto. Y no está claro si reformará la legislación sobre el aborto, que es legal, pero con barreras de acceso.
Pero una cosa es segura: la derrota de Orbán supone un golpe contundente para un movimiento decidido a recortar los derechos de las mujeres, las personas migrantes y la comunidad LGBTIQ+.
Y eso es, sin duda, algo para celebrar.
