“El mejor de los escenarios es que me capture el Estado”, dice Ángel Flores, coordinador regional del Movimiento Indígena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA), organización muy activa en la lucha contra el despojo del territorio por la construcción de megaproyectos del Estado.
Desde 2021, cuando el gobierno de Nayib Bukele anunció la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión, en el oriente del país, Flores se convirtió en una presencia incómoda. El megaproyecto prometía desarrollo, pero las comunidades afectadas se preguntaban por sus casas, sus cultivos, el agua y la compensación del Estado.
Más de 200 familias fueron desalojadas en las comunidades de El Condadillo y Flor de Mangle, zonas estratégicas para el proyecto. El 9 de junio de 2023, la policía detuvo a uno de los fundadores de MILPA, Óscar René Martínez Iglesias, un pescador acusado de pertenecer a pandillas y procesado bajo el régimen de excepción impuesto el 27 de marzo de 2022.
El régimen, prorrogado ya decenas de veces, suspende garantías constitucionales y permite detenciones sin orden judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió ya en 2024 que había dejado de ser una medida excepcional. Un informe de expertos independientes presentado ante la ONU sostiene que ha propiciado detenciones arbitrarias, asesinatos, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El 12 de julio de 2023, un mes después de la detención de Martínez, la empresa Desarrollos Turísticos comenzó a delimitar como propiedad privada varias áreas de la playa El Icacal, incluyendo manglares considerados área natural protegida en los registros oficiales, así como terrenos costeros donde viven familias de la comunidad. La empresa busca desarrollar un proyecto de explotación turística en la playa.
Desde entonces, la policía ha arrestado a seis pescadores que formaban parte de la resistencia, y cinco de ellos aún siguen en prisión.
El presidente Bukele ha negado que exista represión o persecución a voces críticas a su gobierno. En septiembre de 2024, dijo ante las Naciones Unidas: “En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas”.
Sin embargo, continúan las detenciones de activistas y el exilio de cientos de personas.
Pese a ello, la popularidad del presidente creció. Bukele es el principal beneficiario de los “resultados de seguridad” del régimen de excepción. Si bien cuando Bukele asumió en 2019, los homicidios ya se habían reducido a la mitad respecto de 2015, el presidente logró atribuir la baja continuada de la violencia al régimen de excepción, ocultando los acuerdos que forjó con los líderes de las pandillas, revelados por periodistas independientes. Bukele se ha convertido en icono para miles de latinoamericanos que piden la aplicación del “modelo Bukele” para combatir la violencia en sus propios países.
Otros presidentes de la región – como Javier Milei en Argentina o Daniel Noboa en Ecuador – han elogiado su “mano dura”. Donald Trump lo calificó su “persona favorita” y elogió sus cárceles de máxima seguridad. En 2025, la administración Trump envió a decenas de migrantes salvadoreños y venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, sin proceso ni condena judicial.
La adopción del régimen de excepción llegó en respuesta a una masacre de 87 personas desatada por el rompimiento del pacto del gobierno con las pandillas, según documentó el medio salvadoreño El Faro.
Según datos oficiales, al menos 90.000 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, más del 1.4% de la población. Organizaciones de derechos humanos denuncian la muerte de 500 personas bajo custodia estatal, más de 400 desapariciones forzadas y más de 800 casos de golpizas, descargas eléctricas, violaciones sexuales, desnudez forzada y violencia psicológica.
El régimen de excepción revivió la práctica de perseguir a opositores políticos y voces críticas, que había quedado atrás con la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de conflicto interno entre el ejército y las guerrillas de izquierda agrupadas bajo el nombre de Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que más tarde se convertiría en partido político.
Un informe de Cristosal, una de las organizaciones de derechos humanos más influyentes en Centroamérica, documentó 245 víctimas de persecución, hostigamiento y criminalización entre 2019 y 2025. De estas, 86 siguen detenidas sin acceso a juicio y solo siete han sido condenadas en procesos sin garantías.
En audiencias ante la CIDH, varias organizaciones denunciaron que al menos 130 defensores y periodistas habían sido forzados al exilio.
Más de 80 personas se fueron del país en los días posteriores all 18 de mayo, cuando la policía detuvo a Ruth López, jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal y prominente defensora de derechos humanos. Al mes siguiente, el abogado constitucionalista Enrique Anaya, férreo crítico del gobierno, también fue detenido.
Aún así, Ángel Flores, del MILPA, sigue en el territorio que defiende. “Mi posición personal es no salir del país, es seguir ejerciendo la lucha”, dice.
‘Lo que menos podemos hacer es callar’
Vidalina Morales sabe bien que oponerse a la minería en El Salvador significa jugarse la vida, como pasó en 2004 en Cabañas, en la zona norte de El Salvador, cuando la canadiense Pacific Rim buscaba explotar oro del subsuelo, y encontró una resistencia feroz en las comunidades.
Entonces fueron asesinados tres ambientalistas de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES): Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Sorto, quien tenía ocho meses de embarazo. Estos asesinatos se atribuyeron a bandas y sicarios locales, pero siguen impunes.
La violencia no logró detener el movimiento antiminero. ADES, junto a organizaciones comunitarias, iglesias y universidades, impulsó una resistencia ciudadana que logró algo inédito: en 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería metálica por el impacto en su pequeño territorio de 21.000 kilómetros cuadrados y en el río Lempa, que cruza el país de norte a sur.
“Esta lucha está manchada con sangre de compañeros que creyeron que la minería traería impactos negativos en la salud, el medioambiente, en el agua, en la tierra”, dice Vidalina Morales.
Ella fue de las primeras en alertar sobre el interés del gobierno de Bukele en revivir la minería. Y ha sido la mujer con voz más fuerte en la lucha antiminera.
Cuando la fiscalía detuvo a cinco ambientalistas de la comunidad de Santa Marta, ella no dudó en denunciarlo.
El 11 de enero de 2023, la fiscalía detuvo a Teodoro Antonio Pacheco, director de ADES, al asesor jurídico Saúl Agustín Rivas, y a otros tres líderes comunitarios en Santa Marta: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Lainez y Pedro Antonio Rivas. Los acusó de asesinar a una mujer en 1989, cuando eran guerrilleros que combatían contra el ejército. El proceso, sin embargo, se basó en la declaración de un testigo que negó haber presenciado el crimen, y un cuerpo que tampoco fue encontrado.
Vidalina Morales asumió entonces la vocería de ADES como presidenta de la organización, y encabezó protestas y conferencias para denunciar que los líderes de Santa Marta fueron criminalizados por defender el ambiente.
El 17 de mayo de 2023, la policía detuvo al hijo de Vidalina Morales bajo el régimen de excepción.
"Cuando me capturan a mi hijo fueron las horas más difíciles que he vivido. Lo que pretendían era que dejara de hablar, que me apartara de la lucha”. Tras la presión de organismos internacionales, su hijo fue liberado al día siguiente, sin explicación alguna.
Pero el hostigamiento no paró. Morales ha denunciado vigilancia y seguimientos en la calle, personas merodeando por la noche fuera de su vivienda, gente no identificada preguntando por ella en las comunidades y en las oficinas de la organización.
Nada de eso la hizo callar. En octubre de 2024, un tribunal absolvió a los cinco ambientalistas de Santa Marta, pero un tribunal de apelación ordenó que se repitiera el juicio. El caso se archivó de nuevo en septiembre de 2025, pero su comunidad teme que la fiscalía pueda insistir.
Bukele, reelecto de manera inconstitucional en 2024, pidió a sus diputados revertir la ley que prohibía la minería. El 23 diciembre de ese año, en la víspera de Nochebuena, la Asamblea oficialista aprobó la nueva norma de forma exprés.
“Mientras haya injusticia, yo creo que lo que menos podemos hacer es callar nuestras voces”, dice Morales.
‘Si me capturan, me dejan morir’
Malcolm Cartagena trabajó 20 años en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Nunca fue funcionario con poder de decisión, sino formador electoral y, al inicio de su carrera, asesor técnico del entonces magistrado del TSE Eugenio Chicas, detenido en 2025 y uno de los presos políticos de Bukele.
Cartagena y Ruth López, quien luego se convertiría en abogada de Cristosal, trabajaron juntos en el despacho de Chicas. De ella aprendió casi todo lo que sabe sobre derecho electoral. “Es como mi hermana”, dice.
Con su apoyo se volvió formador electoral. Enseñó a cientos de ciudadanos, miembros de juntas receptoras de votos, policías, fiscales y personal de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos cómo debía funcionar, en teoría, una jornada democrática.
Por eso, cuando Bukele impulsó las reformas para cambiar la fórmula con la que se reparten los escaños de la Asamblea Legislativa, reducir el número de diputados y fusionar municipios, Cartagena tuvo claro que las elecciones de 2024 dejarían un país menos democrático.
Y así fue. Las presidenciales de 2024 le concedieron otro mandato a Bukele – en contra de lo establecido por la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata –, y las elecciones a la Asamblea Legislativa le dejaron una mayoría casi absoluta con 54 de los 60 escaños.
Junto a López, Cartagena fue una de las voces que criticó abiertamente estas reformas. Ambos documentaron denuncias de fraude presentadas por la oposición, señalaron irregularidades del conteo de votos y ofrecieron su análisis técnico.
López sabía que la podían detener. Cartagena recuerda que se lo dijo. Lo hablaron muchas veces, pero Ruth había decidido quedarse en el país.
Para él, la respuesta no era tan sencilla. Cartagena padece insuficiencia renal crónica, que lo obliga a una diálisis diaria en casa. Si lo detenían, sabía lo que podía ocurrir. “Hay personas enfermas que han muerto bajo custodia estatal”, dice. “Si me capturan, me dejan morir”.
La noche de la detención de Ruth López, fue el primero en enterarse fuera de la familia. Esa noche no pudo dormir.
Un mes después, el 25 de junio, tres policías armados tocaron a su puerta. Dijeron que realizaban un censo. Preguntaron cuántas personas vivían en la casa, si tenía internet, si tenía vehículo; sin embargo, anotaban en una hoja suelta. El vehículo en el que se movían no tenía placa. Y en El Salvador los censos no los hace la policía.
Cartagena entendió el mensaje. Salió del país sin hacerse diálisis durante tres días. Cuando llegó a su destino, los médicos lo ingresaron de inmediato: tenía los pulmones llenos de líquido. Pasó tres días hospitalizado.
Malcolm se llama a sí mismo exiliado del régimen. No tiene un proceso penal abierto, no enfrenta una sentencia, y aun así no puede volver.
Una guerra de desgaste
El 9 de febrero de 2020, cuando Bukele ordenó a los militares ocupar la Asamblea Legislativa, las organizaciones de derechos humanos Cristosal y Tutela Legal “María Julia Hernández” cuestionaron la medida en una conferencia. Desde ese momento, se les prohibió a ambas asistir a reuniones con autoridades.
“A partir de ahí empezó un discurso contra las ONG y no nos volvimos a reunir con ellos”, asegura Abraham Ábrego, jefe de Litigio Estratégico de Cristosal. “Nos dimos cuenta de que era otro estilo de gobierno, uno de carácter autoritario”.
En octubre de 2020, durante una cadena nacional, Bukele acusó a las dos organizaciones de ser “grupos fachada” del FMLN.
Cristosal y Tutela Legal representaban a las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote. En diciembre de 1981, miembros del ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niñas y niños, en una serie de operaciones contra la guerrilla del FMLN en la zona de Morazán, en el este del país. Trece militares retirados están siendo juzgados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Cristosal operaba en El Salvador desde mucho antes de la llegada de Bukele al poder. En 2014, se dedicaba a la atención a personas desplazadas por las pandillas, y documentó más de 1.000 casos entre 2017 y 2018. Propuso leyes y mecanismos para proteger a víctimas de desplazamiento forzado interno, un fenómeno que el gobierno de entonces, del FMLN, se rehusaba a reconocer.
En enero de 2022, el Ministerio de Hacienda inició una auditoría exhaustiva sobre las cuentas de Cristosal. Aunque la organización entregó toda la documentación solicitada, en diciembre el gobierno le retiró una exención fiscal que había tenido durante años.
Cristosal presentó recursos legales y los tribunales se declararon incompetentes para resolver. El proceso quedó atrapado en un laberinto administrativo mientras la organización invertía tiempo y recursos en responder.
Cuando detuvieron a Ruth López, el terreno ya estaba preparado. Auditorías, requerimientos, cuestionamientos contables, estigmatización pública que los señalaba de “defender a pandilleros”. Cada acción aislada parecía un procedimiento legal de rutina, pero en conjunto, iban estrechando el margen de acción de la organización.
El 28 de abril de 2025, mientras Cristosal desarrollaba una conferencia de prensa junto a Kerry Kennedy, presidenta de la organización estadounidense Robert F. Kennedy Human Rights, la policía allanó la sede de la organización en San Salvador.
Hasta la detención de Ruth López, Cristosal no se había planteado su salida de El Salvador.
El 17 de julio de 2025, la organización anunció el cierre de su oficina en San Salvador y el traslado de su operación a Guatemala. Ábrego se mudó también a ese país, y desde allí continúa trabajando.
‘Me fui para poder seguir hablando’
Angélica Cárcamo, expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), cofundadora del medio independiente Infodemia y directora de la Red Centroamericana de Periodistas, lleva 10 meses fuera del país. Cuando se fue, a finales de mayo, no pensaba quedarse más de dos semanas.
“Yo no quería irme”, dice. APES había observado cómo, entre 2020 y 2022, el Estado pasó a encabezar las agresiones contra periodistas, desplazando a los pandilleros y al crimen organizado. La Asociación documentó restricciones en conferencias, bloqueos de información y campañas de estigmatización. Y una de las voces más visibles en esas denuncias fue la de Angélica Cárcamo.
La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en mayo de 2025, fue un golpe a los medios que dependían de la cooperación internacional. Les impuso un gravamen de 30% a los fondos de cooperación, multas de hasta 250.000 dólares y prohibición de tratar temas políticos.
Desde entonces, 59 periodistas dejaron el país, según datos de la Red Centroamericana. Este grupo incluye hombres y mujeres de medios escritos, digitales y comunitarios. La mayoría emigró de forma regular, y algunos han iniciado trámites formales de refugio. Como resultado, medios como FOCOS y la revista Gato Encerrado dejaron de operar en El Salvador, y se trasladaron a Costa Rica.
Cárcamo sigue todos estos casos. Recibe llamadas a toda hora. Periodistas que piden ayuda para salir después de recibir amenazas, o de ser vigilados por la policía en sus casas. Otros le han escrito porque necesitan atención psicológica, por el duelo no resuelto de haber dejado su país, sus hijos, sus parejas, sus mascotas.
Cárcamo siente a veces culpa. Hay periodistas y defensores que todavía permanecen en El Salvador. Algunos están expuestos en zonas rurales, donde reporteros y activistas carecen de protección institucional o asistencia jurídica y están muy cerca de las estructuras de poder locales, como la policía, las fuerzas armadas o las autoridades municipales.
Ella, en cambio, está libre, y esa libertad también le resulta una carga pesada. Se pregunta si hizo lo correcto. Ella eligió seguir hablando.
El brazo del régimen cruzó las fronteras
El 25 de febrero de 2025, la fiscalía detuvo a Fidel Zavala, integrante de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC, conformada por abogados independientes y líderes comunitarios). Zavala había presentado una denuncia penal contra el director de Prisiones, Osiris Luna, por presuntas torturas, que había sufrido en carne propia en una detención anterior.
Detenido el 9 de febrero de 2022 bajo cargos que nunca se probaron, Zavala pasó 13 meses en prisión antes de que un tribunal desestimara el caso el 9 de marzo de 2023. En su posterior denuncia, sostuvo que fue objeto de detención arbitraria y de tortura, y que atestiguó múltiples asesinatos a manos de los guardias de la prisión.
El mismo día de la detención de Zavala, la fiscalía emitió una orden de arresto contra Ivania Cruz, portavoz de UNIDEHC, mientras ella estaba en el exterior del país. La policía allanó su casa y las oficinas de la organización.
Cruz decidió no volver. La decisión, explica, “no fue heroica, sino la única posible”. Si regresaba, junto a otro compañero abogado de la UNIDEHC, Rudy Joya, también requerido por las autoridades, los detendrían en el aeropuerto.
Los cargos contra ellos proceden de su labor jurídica en el caso La Floresta, una comunidad que se resiste al desalojo de unos terrenos en disputa; las autoridades los acusaron de asociación ilícita y obstrucción a la justicia por supuestamente interferir en una operación policial durante un registro en la zona.
La madre y los hijos de Cruz permanecían en El Salvador bajo amenaza de juicio por presunta obstrucción a la justicia. A raíz de esto, toda la familia debió dejar el país, pero la persecución no se detuvo.
Como Cruz y Joya no se presentaron ante la justicia de El Salvador, el juzgado solicitó una alerta roja a Interpol. La policía de España – el país donde se encontraban – citó a Joya, y lo mantuvo detenido más de 30 horas mientras la Audiencia Nacional evaluaba la solicitud salvadoreña. Cruz se presentó voluntariamente al día siguiente, y también fue detenida.
Ambos abogados lograron salir del arresto con medidas cautelares como la entrega de pasaportes, una firma quincenal en un juzgado y restricción de movimientos. Las Naciones Unidas alertó sobre la persecución que traspasa fronteras y el uso de instrumentos internacionales para intimidar u obligar a regresar. Amnistía Internacional también está siguiendo su caso.
La alerta de Interpol fue retirada en diciembre de 2025, y el 3 de marzo el gobierno de España admitió la solicitud de asilo en favor de ambos.
La decisión reconoció que su labor de denuncia implica riesgos reales en El Salvador. Desde Euskadi, lejos de San Salvador pero aún pendiente de procesos judiciales, Cruz sigue comprometida con denunciar lo que ocurre en su país.
El objetivo del exilio forzado, dice, es el silencio. “Si quienes denuncian se van y dejan de hablar, la narrativa oficial queda sin contraste”.
“La tarea ahora es no dejar vacíos”, agrega. “Documentar desde donde estemos”.
FOCOS intentó entrevistar sobre estos casos a la Fiscalía General, a las oficinas de prensa y de comunicaciones de la Presidencia y a la Policía Nacional Civil. Ninguna de estas instituciones contestó los pedidos de entrevista.
*Esta es una versión editada de un reportaje publicado originalmente por FOCOS. Este artículo cuenta con el apoyo del programa Impact Reporting del Institute for War & Peace Reporting (iwpr.net), que ayuda a periodistas locales de todo el mundo a marcar la diferencia.
